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La confianza del consumidor se consigue con la responsabilidad de todos

31 enero, 2013

La sociedad es para la mayoría de sectores, organizaciones, administraciones y demás organismos, el fin último de nuestra actividad. Contar con su total confianza es el principal objetivo para el que trabajamos.

Esta confianza depende de muchos factores y de todos los agentes que intervienen en cada caso. Es por ello que, entre todos, debemos esforzarnos por colaborar en la medida de lo posible para que no disminuya o se pierda innecesariamente.

La industria de alimentación y bebidas lleva décadas trabajando para ofrecer a la sociedad productos de calidad y seguros, dado que de otra forma no estarían en el mercado. Se trata de dos cualidades que están exhaustivamente controladas y verificadas por autoridades tanto nacionales como internacionales; las cuales garantizan que son aptos para el consumo y ofrecen la tranquilidad de que el consumidor puede ingerirlos.

Desde hace tiempo asistimos con preocupante asiduidad a la publicación y difusión de informes y estudios dirigidos al consumidor relativos a la calidad de ciertos alimentos que, en ocasiones, son resultado de investigaciones sesgadas y poco profundas.

Coincidimos en la conveniencia de la realización de investigaciones que analicen los productos al servicio de los consumidores, siempre que éstas se hagan con rigor; evitando jugar a crear una alerta irracional que no hace sino contribuir a que la sociedad pierda la confianza en el sector productor y las autoridades vigilantes y reguladoras.

Desde FIAB llevamos tiempo trabajando en velar por un tratamiento adecuado de este tipo de estudios. El último ejemplo con el que nos hemos encontrado es el caso del informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre las hamburguesas envasadas. Un documento que debe ser analizado en profundidad antes de provocar intranquilidad en la sociedad, ya que en él, como en otros, se observan ciertas irregularidades que nos obligan a poner en duda su fiabilidad.

Este es sólo un ejemplo, ya que es posible que nos encontremos con otros de este tipo. Pero sería recomendable valorar con mesura y responsabilidad el contenido de los mismos para ejercer con profesionalidad la difícil tarea de informar a la sociedad sobre la realidad en la que vive. Del mismo modo, en caso de que se constate un fraude, hay que actuar inmediatamente para corregirlo y enmendarlo a la mayor brevedad posible.

La confianza del consumidor se consigue con la responsabilidad de todos: el agricultor, la industria, la distribución, la hostelería, las administraciones, las asociaciones de consumidores, los medios de comunicación, etc., y, consciente de su parte en esta tarea, la industria de alimentación y bebidas trabaja desde hace años día a día con este fin.

El MAGRAMA destaca el trabajo de la industria de alimentación y bebidas en la prevención de la generación de residuos

22 noviembre, 2012

Pincha en la fotografía para descargarte las imágenes de la jornada.

Representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Industria Alimentaria, distribución, Ecoembes, Ecovidrio, Organización de Consumidores y Usuarios o la Federación Agroalimentaria de CC.OO., entre otros, han participado en la Jornada Implicaciones de la Nueva Ley de Residuos para la Industria Alimentaria, organizada por FIAB.

El evento fue inaugurado por el Director General de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, y el de la Federación, quien destacó la necesidad de desarrollar una sostenibilidad inteligente.

Por su parte, el representante del MAGRAMA afirmó que la publicación de la Ley de residuos y suelos contaminantes “ha sido un ejemplo de cómo partiendo de posturas un tanto diferentes, se ha conseguido consensuar un texto, con una gran carga de esfuerzos por parte de todos, con el fin de aplicar la sostenibilidad en la producción y gestión de residuos”. Además, ha aseguró que “la sostenibilidad entendida en sus tres dimensiones, social, económica y medioambiental, es la que va a liderar todas y cada una de las actuaciones dentro de la Unión Europea en los próximos años”.

A continuación, María José Delgado, Subdirectora General de Residuos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Ambiente del MAGRAMA explicó las claves de la nueva ley, mientras que Arantxa Bengoechea, de PricewaterhouseCoopers expuso a los asistentes la implicación práctica de esta nueva legislación en la industria alimentaria. Por otro lado, Victoria Larroy, de Deloitte, quien presentó distintos sistemas de gestión de la recogida y reciclaje de envases.

En la jornada se desarrolló también una mesa redonda en la que intervinieron representantes de Ecoembes, Ecovidrio, Organización de Consumidores y Usuarios, Grupo Mahou-San Miguel, Asociación de Latas y Bebidas, Mercadona y la Federación Agroalimentaria CC.OO. En ella, cada participante explicó cómo afecta a su sector la nueva Ley de residuos y suelos contaminantes y exponiendo los principales problemas ante los que se encuentra.

La clausura de la sesión “Implicaciones de la Nueva Ley de Residuos para la Industria Alimentaria” corrió a cargo de Gillermina Yanguas, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Rural del MAGRAMA, que abogó en su discurso por reducir al mínimo la generación de residuos en cada eslabón de la cadena alimentaria, por la prevención y el reciclado de los mismos. En este sentido, quiso destacar el trabajo realizado por el sector de alimentación y bebidas en las labores de prevención en la generación de residuos de envases a través de los planes empresariales de prevención. Además afirmó que, siguiendo las líneas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, se priorizará la simplificación normativa y la agilización de las tramitaciones con el objetivo de facilitar y mejorar el cumplimiento y aplicación de la normativa medioambiental. Finalmente comentó que el Ministerio apuesta por el potencial de aprovechamiento del residuo como nuevo recurso o materia prima secundaria.

Interesante artículo: ¡Y una leche!

19 abril, 2012

Queremos compartir un artículo que nos ha parecido interesante, ya que pone de manifiesto la importancia de profundizar y poner en duda los intereses que puede haber detrás de informes y comunicaciones de ciertas organizaciones, y es que consideramos que es necesario cuestionar especialmente aquellos asuntos de interés para el consumidor. En este caso se trata de un texto de Juan Quintana sobre un estudio en torno a la calidad de la leche consumida en España.

Aquí os lo dejamos:

¡Y UNA LECHE!

En junio de 2011 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hizo público un polémico informe sobre la calidad de la leche que se consume en España. Hacía una clasificación por marcas y «desaconsejaba vivamente» el consumo de diez de ellas.

JUAN QUINTANA

No es una, son diez. En junio de 2011 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hizo público un polémico informe sobre la calidad de la leche que se consume en España. En sus conclusiones afirmaba que ha bajado la calidad de la leche consumida. También hacía una clasificación por marcas y «desaconsejaba vivamente» el consumo de diez de ellas. Sin duda, hizo un daño importante al sector y, en particular, a las marcas que ponía en el disparadero. Pero tampoco era plato de gusto para las mejor valoradas, porque pasaban a formar parte de un peligroso juego en el que una organización privada pero con un potente valor mediático, se auto dotaba de la capacidad para decir qué marcas deben o no deben ser consumidas.

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) interpuso una demanda. Un juez la ha desestimado, en una resolución que va a volver a ser recurrida por la propia FENIL. En ella se argumenta que la industria no ha presentado ningún estudio que contravenga los datos del informe de la OCU. Pero la cuestión no es la veracidad de los datos hechos públicos por la OCU, sino si en base a unos datos de composición y cualidad, que en ningún caso modifican la naturaleza del producto y menos todavía afectan a su seguridad alimentaria, se puede desaconsejar el consumo de una marca. Ahora ha sido la leche, pero si esta práctica fuera extendida a otros alimentos de la poderosa industria agroalimentaria, la OCU adquiriría un enorme poder económico, pudiendo señalar desde su atalaya mediática lo que es bueno y lo que es malo.

Al margen de las decisiones judiciales, en demasiados casos alejadas del sentido común popular, el tema tiene muchas aristas. Por un lado, la decisión de acometer estudios de estas características debería ser de la propia función pública, a la que pertenecen organizaciones científicas de reconocido prestigio mundial, perfectamente capaces de asumir estos proyectos, en caso de ser necesarios.

Pero, ¿era necesario?, ¿respondía a una preocupación real de los consumidores?, ¿intentó la OCU plantear a la administración esta supuesta amenaza para los consumidores, para que pudieran tomar medidas e incluso promover una investigación como ésta?

En el mercado hay todo tipo de productos de alimentación y no alimentarios, cada uno de ellos comercializado bajo multitud de marcas, con calidades muy diferentes. En este escenario, el consumidor decide en función de la calidad que él percibe, del precio y de otros factores subjetivos. La administración y, supuestamente también organizaciones como la OCU, deben preocuparse de aquellos casos en los que el producto no responda a los parámetros mínimos de calidad exigidos que garanticen nuestra seguridad, en este caso alimentaria; también de los casos de fraude, en que el consumidor no adquiere el producto que cree comprar, o que no responde a las cualidades que se reflejan en las etiquetas o en su publicidad. Más que eso, supone arrogarse responsabilidades que no les competen e incluso, que distorsionan el libre mercado.

En primer lugar, habría que poner en cuestión el concepto de calidad, ya que el contenido en grasa o calcio, por poner un ejemplo, puede o no, ser un requisito de calidad para los consumidores. ¿Existen niveles por debajo de los cuales ya no se considere leche?, ¿está mal indicado en sus etiquetas? Si no es así, en cuyo caso sería un fraude al consumidor, la decisión de compra debe regirse exclusivamente por la relación entre el productor, distribuidor y consumidor.
¿Por qué en el informe de la OCU se intenta que el consumidor no compre determinadas marcas que cumplen con todas las exigencias para poder estar en el mercado?, ¿con ello se consigue mejorar la seguridad alimentaria del consumidor o frenar algún tipo de fraude alimentario? En título de este artículo podría estar la respuesta.