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El 98% de los consumidores afirma que reduciría su consumo en caso de subirse el IVA

21 marzo, 2014

iva

  • La subida del IVA reducido tendría un impacto directo en el bolsillo del consumidor
  • Los productos gravados al 10% suponen más del 64% del total del gasto de los hogares en alimentación, y en la lista figuran productos básicos de la cesta de la compra
  • En la práctica, una reclasificación del IVA reducido (10%) al 21% es un aumento del IVA a productos y servicios básicos
  • La medida pondría en peligro la recuperación económica y la generación de empleo

La reclasificación del IVA reducido de un 10% a un 21%, propuesto en el recientemente presentado “Informe Lagares”, tendría un impacto directo e inasumible, especialmente en un momento como el actual, en el bolsillo de los consumidores españoles. Esta es la visión de las principales organizaciones que agrupan a la industria y la distribución alimentaria, pero también del consumidor, tal y como confirman los análisis realizados por estas organizaciones.

Y es que, según una encuesta recientemente efectuada en las principales ciudades españolas, el 98% de los consumidores cree que reduciría su gasto, en una o varias categorías de productos, en caso de tener que hacer frente a nuevas subidas impositivas.

Los datos no dejan lugar a dudas. Los alimentos gravados al tipo reducido del 10% representaron el pasado año el 64,2% del total del gasto de los hogares en alimentación, con un valor total de 44.481 millones de euros. No en vano, en esta lista figuran productos básicos en la cesta de la compra de los españoles como carnes, pescado fresco, alimentos infantiles, aceite, pasta o conservas, entre otros.

Esto significa que una reclasificación de los bienes sujetos del 10% al 21% implicaría una factura adicional al consumidor de casi 600 euros por familia anuales, según un informe de una organización de consumidores. En definitiva, como algunos expertos ya han anunciado, esta propuesta sería la más regresiva posible, ya que afectaría especialmente a las rentas más pobres de la población.

La recuperación económica y la generación de empleo en riesgo

Después de seis años de crisis que han provocado un descenso sin precedentes en la renta disponible de las familias, un nuevo incremento de la fiscalidad sobre el consumo podría tener consecuencias devastadoras sobre la confianza del consumidor. Además, un nuevo incremento fiscal en estos bienes tendría un impacto muy negativo no sólo en las categorías afectadas, sino en el conjunto de la cesta de la compra y en todos los sectores profesionales. En este sentido, hay que tener en cuenta que el consumidor lo que gestiona es un presupuesto cerrado y, por tanto, decisiones como la propuesta dejan fuera de la cesta algunos productos, hace que otros se sustituyan por propuestas más económicas, etc., ya que el consumidor no tiene ya margen de maniobra para incrementar su gasto.

Impacto de la anterior subida de IVA

En opinión de las organizaciones de la industria y la distribución una reclasificación del IVA reducido no haría más que agudizar el impacto negativo que supuso la última subida impositiva. Así, tal y como muestra el Índice de Comercio Minorista (ICM), ofrecido por el INE, desde septiembre del 2012 –fecha de la última subida– la caída media del consumo en tasa interanual en los seis meses siguientes fue de un 6,7%.

tabla

En el caso de la subida de los impuestos especiales en el alcohol de 2013, la subida provocó una caída en la recaudación del 3%, una caída inmediata en el consumo del 5% y efectos sobre la demanda aún por cuantificar.

El sector agroalimentario y el consumo como motores de la recuperación

Es importante que en el ámbito fiscal España, acompase su fiscalidad a su realidad económica teniendo en cuenta los sectores en los que es competitiva. Por esa razón las organizaciones que representamos al sector agroalimentario y al consumo no consideramos adecuado dejar en una posición fiscal de desventaja a sectores tan importantes como la alimentación o el comercio, frente a países con los que competimos directamente como Francia o Italia, en un intento de tratar de acercar nuestra política fiscal a la de países del Norte de Europa. Se trataría, en opinión de las organizaciones, de un error de consecuencias muy graves para el conjunto de la economía de nuestro país.

Importancia de la cadena alimentación, consumo y distribución

Las organizaciones implicadas representan sectores estratégicos para la economía española. La facturación global de todos estos sectores asciende a 370.000 millones de euros, lo que representa más del 20% del PIB nacional y la generación de más de 5 millones de empleos. Además, hay que resaltar no sólo la importancia económica actual sino también el potencial de crecimiento que tienen los sectores relacionados con la cadena; una capacidad de liderar la recuperación económica y de seguir generando empleo que, sin duda, se vería mermada por una caída del consumo.

Aquí puedes ver y descargarte la nota de prensa lanzada a medios de comunicación al respecto.

Nota: Encuesta realizada por HISPACOOP.

La urgencia de replantear la fiscalidad

2 octubre, 2013

fiscalidad expansion fiabArtículo de opinión de Horacio González Alemán, Director General de FIAB, publicado en Expansión el 2 de octubre de 2013.

En estos días en los que se están tramitando los Presupuestos Generales del Estado del próximo año y se trabaja en la reforma tributaria, el sector de alimentación y bebidas, y otros dependientes del gran consumo, seguimos con especial interés las propuestas del Gobierno.

Nuestro sector reacciona ante dos estímulos esenciales: consumo y confianza; dos premisas que responden no solo al esfuerzo de las empresas, sino también al marco impuesto desde las políticas públicas. Pues bien, si echamos una mirada atrás y analizamos los acontecimientos de los últimos meses, las medidas fiscales que se vienen proponiendo desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no puede decirse precisamente que hayan ido en la línea más propicia.

La subida de los impuestos sobre bebidas con contenido alcohólico es buena muestra de un efecto encadenado (industria-distribución-hostelería y restauración), que provoca un círculo vicioso que nos aleja de la recuperación.

Tampoco aportan confianza – ni a las empresas, ni a los ciudadanos – los mensajes cruzados de distintas fuentes del Gobierno en torno a una hipotética subida del IVA. Como el propio Presidente del Gobierno ha reconocido recientemente en una entrevista de Wall Street Journal, la enorme presión fiscal que sufre nuestro país está castigando precisamente a las rentas más bajas y dañando el consumo, una de las claves de la recuperación económica. A ello podríamos añadir que un incremento del IVA daría al traste con cualquier viso de recuperación, afectando de lleno a sectores clave de nuestra economía como son la alimentación, la distribución comercial, la hostelería y la restauración, que suman una facturación global de 370.000 millones de euros, lo que equivale a más del 20% del PIB.

El Gobierno debe, pues, recapacitar muy seriamente sobre qué fiscalidad necesitamos para la salida de la crisis, un elemento que junto con la financiación para las empresas marcarán el ritmo y la intensidad de esa recuperación.

La reciente creación de un comité de expertos para desarrollar la futura reforma fiscal es un paso adelante y una oportunidad que las Organizaciones no queremos dejar pasar, colaborando con nuestras aportaciones para ayudar a construir esa la nueva política fiscal post-crisis.

Algunas premisas básicas en esta línea son ya conocidas: la necesidad de no castigar la actividad empresarial, la racionalidad del modelo, ordenar la tributación autonómica, reducir la tributación al consumo, incidir no sólo en los aspectos de los ingresos sino también en la calidad del gasto, el aumento de la base impositiva o la lucha contra el fraude; elemento clave señalado ya por la Comisión Europea en un informe en el que asegura que los países de la UE dejaron de ingresar casi doscientos mil millones de euros en concepto de IVA, por fraude fiscal durante 2011 (1,5 % del PIB europeo).

La suma de la cadena de valor con el apoyo de instituciones económicas, llevamos meses trabajando en este empeño, analizando la situación y explorando alternativas. Todo este ejercicio de análisis y búsqueda de soluciones ha desembocado en una serie de argumentos presentados al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con quien esperamos poder analizar al detalle el asunto próximamente.

Nuestra disposición va por delante, ahora le toca al Ministerio.

El impuesto de envases balear castiga los productos de primera necesidad y de consumo turístico

15 marzo, 2013
Los participantes en la rueda de prensa.

Los participantes en la rueda de prensa.

  • El turismo, principal motor económico de las islas, sufrirá un descenso de facturación, el cierre de negocios y la pérdida de empleos
  • Las cargas fiscales y burocráticas del nuevo impuesto dañan la competitividad de las empresas baleares y les sitúa en una posición de clara desventaja frente a las del resto de España

El nuevo impuesto sobre envases de Baleares pretende corregir el déficit público de las Islas a costa de penalizar los productos básicos de alimentación y de consumo turístico, aquellos que compran todos los días las familias y los turistas de las Islas. Además, el castigo fiscal y las cargas burocráticas asociadas a este tributo sitúan a las empresas de Baleares en una posición de desventaja competitiva, que se traducirá en pérdidas de inversión y empleo.

Este impuesto sobre los envases no tiene en cuenta el valor del contenido (bebida o alimento), por lo tanto introduce una mayor carga fiscal sobre los productos más económicos. Es decir, aquellos de primera necesidad y consumo frecuente tanto en los hogares como fuera del hogar, como son el agua, la leche, la cerveza, los zumos o las bebidas refrescantes soportarán proporcionalmente un tipo de gravamen más alto.

Este castigo fiscal sobre el consumo de productos básicos no sólo drena rentas y recursos de los hogares, también lastra la competitividad de la distribución comercial, la industria, el turismo y la hostelería de Baleares. En primer lugar, porque añade un incremento injustificado de los costes indirectos de las empresas, en un momento económico extremadamente delicado. En segundo lugar, porque este tributo impone un entramado de cargas burocráticas (contabilidad, gestión, liquidación) que encarecen los costes de administración de los negocios. En tercer lugar, con este impuesto el Gobierno de Baleares se desmarca de los esfuerzos de la Administración central para garantizar la unidad de mercado, simplificar y reducir el coste de las cargas administrativas. De hecho, el tributo sitúa en una clara desventaja competitiva a las empresas de las islas frente a las que operan en otros territorios.

Esta discriminación de las empresas insulares es más palpable si cabe en el sector turístico, principal motor económico de las Islas. El nuevo tributo sobre envases afectará a 7.000 establecimientos y 13.000 puestos de trabajo. Su impacto sobre los costes de las empresas y la facturación puede acarrear el cierre de hasta 200 locales y la pérdida de más de 500 empleos en el sector de la restauración.

Es necesario poner de manifiesto que el impuesto no busca la protección del medioambiente, un objetivo plenamente compartido por las empresas, ya que en ningún momento se valoran los pasos que han dado en eficiencia energética y reducción, recuperación y valorización de envases y que está dando excelentes resultados sin incrementar la presión fiscal. Los envases afectados por este impuesto ya contribuyen económicamente a través del Punto Verde para asegurar la correcta gestión de residuos. De modo que es un tributo con un fin puramente recaudatorio y no medioambiental. Y aunque su efecto inmediato sobre la recaudación ayudará a ajustar parte del déficit autonómico, no podrá evitar a medio plazo los graves daños que causará sobre la inversión de las empresas, la creación de empleo, el consumo de las familias y, por tanto, la pérdida de ingresos en otros impuestos ligados a la actividad, como el IVA, el IRPF, Sociedades, Cotizaciones Sociales, licencias de terrazas, etc.

Los sectores afectados han trabajado intensamente los últimos cinco años para buscar soluciones a la crisis. Han afrontado cambios internos para ser más productivos, mejorar la oferta, mantener en la medida de lo posible el empleo y ayudar a la reactivación del consumo. Impuestos como el de envases o el nuevo tributo sobre grandes superficies, además de injustificados e insostenibles, neutralizan estos esfuerzos de las empresas para ser más competitivos y lastran la capacidad del tejido productivo para salir de la crisis.

La recuperación vendrá de la mano de la creación de puestos de trabajo y éstos no se pueden crear si las administraciones públicas siguen aprobando impuestos nacionales, autonómicos y tasas locales que malgastan recursos destinados a la creación de puestos de trabajo.

Logos organizaciones

Los grupos políticos en el Parlament balear han recibido los informes en contra de la tasa sobre envases

7 marzo, 2013

Las Asociaciones representativas a nivel nacional y autonómico de los sectores del comercio (CEC, ANGED, ASEDAS, ACES, y ASODIB) de la industria alimentaria y de bebidas (FIAB), de la hostelería y restauración (FEHR y Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca), y de los sistemas integrados de gestión de envases (ECOEMBES y ECOVIDRIO) han remitido a los grupos políticos presentes en el Parlament balear un informe jurídico sobre la tasa autonómica sobre envases.

Todo el sector empresarial implicado en el proceso de fabricación, distribución, hostelería, restauración y gestión de envases ya había comunicado al Govern de Illes Balears sus valoraciones durante la fase de elaboración del anteproyecto de Ley.

El Vicepresident José Ignacio Aguiló, no ha tenido en cuenta estas alegaciones y, en consecuencia, ha remitido al parlamento un proyecto que va a comportar graves perjuicios económicos para los ciudadanos y las empresas.

La regulación del impuesto no se basa en cuestiones ambientales sino que tiene una finalidad claramente recaudatoria.

Por otra parte, el sector empresarial antes citado va a seguir remitiendo a los grupos políticos nuevos informes para demostrar los efectos económicos negativos sobre los sectores empresariales afectados.

El impacto de la tasa de envases de une al de otros nuevos tributos, como el de grandes superficies. Éste último, además de injustificado e insostenible, lastra la capacidad de las empresas para competir y generar empleo en un entorno económico muy desfavorable.

La industria alimentaria impugnará ante los Tribunales la Ley balear sobre el impuesto a los envases de líquidos alimentarios

15 febrero, 2013
  • Esta medida supone una vuelta de tuerca más en la presión impositiva ejercida sobre los ciudadanos y empresas
  • Previsiblemente, el gravamen frenará en seco la recuperación económica y fomentará el desempleo, cuando no la deslocalización empresarial
  • Se trata de una doble imposición de índole discriminatoria con un evidente fin recaudatorio

Hoy el Gobierno balear ha aprobado el proyecto de Ley a través del que gravará con un impuesto los envases de líquidos alimentarios. A pesar de los esfuerzos de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la distribución, la hostelería y los SIGs por reconducir esta preocupante iniciativa, la propuesta ha sido formalmente aprobada y pasará al Parlamento para su debate.

Aunque la industria alimentaria, primer sector industrial de la economía nacional, se ha mantenido siempre abierta al diálogo y a la cooperación con las Administraciones, no puede sino rechazar un impuesto que sólo cabe calificar como discriminatorio, injusto y desproporcionado, que pone en peligro el consumo y la capacidad de recuperación de nuestro sector.

La excusa medioambiental que supuestamente motiva esta medida no tiene razón de ser, ya que no se puede confirmar que la consecuencia sea la alegada; por lo que no cabe sino pensar en un evidente fin recaudatorio que justifique esta acción desmedida y sin sentido.

Mientras el sector financia a través de Ecoembes y Ecovidrio el reciclado de los residuos de envases de alimentación y bebidas con excelentes resultados, es inaceptable el establecimiento de un gravamen sobre este mismo hecho imponible.

Este impuesto castigará inevitablemente a las rentas sociales menos favorecidas, discriminando al consumidor en función del territorio, rompiendo la unidad de mercado y alterando las condiciones de competencia de las empresas.

Es inaceptable que se pongan en cuestión principios constitucionales y económicos básicos, castigando sectores estratégicos de la economía nacional, y gravando al ciudadano; y todo ello para poner en cuestión la salida de la crisis y el repunte de la economía.

Según ha afirmado el Director General de FIAB, Horacio González Alemán, “adoptada la decisión del Gobierno balear, sólo cabe plantear una acción ante los Tribunales”.